Gas natural: un combustible limpio (sólo para algunos)

Pedro Riaza, ASCER

 

El pasado noviembre se ratificó en Europa el texto acordado previamente por el trílogo (Comisión, Parlamento y Consejo Europeos), en relación con la revisión de la Directiva de comercio de derechos de emisión. 

Podría llenar este artículo desgranado los aspectos legales que han sido modificados en la Directiva, pero sólo aquellos que hayan seguido de cerca la revisión de esta normativa no perderían el hilo, ya que no es precisamente una norma al uso.

El resumen es muy sencillo para las industrias afectadas que sufrimos esta regulación, el coste del CO2 va a empezar a pesar en nuestras cuentas, y mucho. Ello, además, sin importar si existe tecnología que nos permita reducir las emisiones de CO2 de nuestros procesos, y sin tener en cuenta si competimos con países donde no soportan este coste ambiental; como si el CO2 emitido en Europa, fuera más dañino que el que se emite en otras regiones. Desde la Unión Europea el mensaje es claro, hay que eliminar el CO2 de nuestra economía, y punto. 

 

En la mayoría de los procesos industriales, las emisiones de CO2 proceden en gran medida de los combustibles fósiles. En el caso concreto del sector de fabricación de baldosas cerámicas, ese combustible es en su totalidad gas natural; un combustible considerado limpio…aunque parece que no sea así para la Unión Europea. Y ¿qué posibilidades tenemos los industriales para reducir nuestro consumo de gas, y por tanto nuestras emisiones de CO2? Pues en el caso de los fabricantes de baldosas, pocas. En el corto-medio plazo no hay previsión de disponer de tecnología baja en carbono, ni tampoco que sea viable un cambio de combustible, por tanto, sólo nos queda seguir mejorando nuestra eficiencia energética…o producir menos, que no es lo que nos gustaría.

Por otro lado, está la amenaza de nuevos impuestos ambientales, ya que todos los expertos en fiscalidad coinciden que en España hay todavía cabida para aumentar los impuestos verdes. De hecho, la industria catalana tendrá que soportar a partir de 2019 un nuevo impuesto al CO2, que se sumará a los costes derivados de la Directiva de comercio de emisiones, ya que las industrias sujetas a esta normativa no quedarán exentas de dicho gravamen, como muchos de nosotros hubiéramos esperado. Y yo me pregunto, ¿no es esto fiscalizar doblemente? Por no hablar de las distorsiones que supone para la unidad de mercado. Respecto a este último punto, debemos estar atentos, ya que hay otras comunidades autónomas que también están trabajando en una Ley propia que regule el cambio climático. Así que en pocos años nos podemos encontrar con diecisiete, más dos, normativas autonómicas con diferentes impuestos al CO2 según la región.

¡Ah, me olvidaba! anoten en la cuenta el impuesto a los hidrocarburos que los industriales venimos pagando desde 2013…

 

Un panorama poco alentador y que claramente desincentiva el uso de gas natural, pero entonces ¿cómo seguiremos fabricando cerámica, papel, vidrio, aislantes…? porque todos estos productos no van a dejar de consumirse en Europa, o ¿alguien piensa que sí? Y los seguiremos consumiendo con normalidad, sean fabricados en Europa o en terceros países con menores cargas medio ambientales y sociales. La lucha contra el cambio climático es necesaria, pero quizás si nos centrásemos en el 20% de los focos que emiten el 80% de las emisiones, las medidas serían mucho más eficaces.

 

Como sector industrial, intensivo en energía térmica, creemos que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, supone una oportunidad excepcional para poner orden en este asunto. Para darle a la industria la relevancia que se merece, y facilitar el desarrollo de la tecnología que le permita equilibrar la balanza de la sostenibilidad ambiental y competitividad de la industria intensiva en energía.

 

El gas natural es imprescindible para la industria, y la industria es imprescindible para la sociedad de consumo en la que vivimos. Hay que buscar la fórmula para que ambos encajen en el nuevo modelo de desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático, que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética pretende desarrollar, todo ello sin restar competitividad en un mundo global. 

 

Pedro Riaza, ASCER