GasINDUSTRIAL ha sido noticia en el último mes por la carta que remitió –junto con otras diez patronales de grandes consumidores del sector del gas- a todos los consejeros de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia informándoles de su “preocupación” ante la decisión del organismo de “mantener en el caso del Transporte, la Retribución por Continuidad de Suministro” y, en el de la Distribución, “una sobrerretribución por activos ya amortizados con unos mecanismos que resultan técnica y jurídicamente cuestionables”. Tal como publicaba El Economista, para las once asociaciones, el resultado que tenga el paquete de Circulares aprobadas en los peajes que paga la industria les parece preocupante. “Estamos participando activamente, aportando análisis y propuestas de mejora y no podemos descartar la posibilidad de valorar, finalizado todo el proceso, la procedencia de encargar un análisis jurídico de las Circulares de retribución del Transporte y Distribución que dilucide su encaje en el marco jurídico y, en particular, sobre su posible calificación como ayuda de Estado no compatible con la normativa comunitaria, y en su caso, actuar ante las instancias europeas competentes”, indican las patronales, que aseguran que “nuestra simulación del impacto de la metodología propuesta en la Circular de Peajes para 2020 frente a la situación marcada por los peajes vigentes, constata de manera irrefutable un incremento global en el coste de los peajes industriales para el año 2020”. Ante esta situación, las asociaciones han mantenido encuentros tanto con la CNMC como con el secretario de Estado de Energía para plantearles su propuesta que consideran que afecta significativamente a la industria española y piden que el nuevo marco regulatorio no perpetúe una desventaja competitiva tan grande para la industria española.
Por su parte, Cinco Días lleva a titular La industria no descarta recurrir las circulares de retribución del gas y destaca que GasINDUSTRIAL ataca la sobrerretribución que la CNMC deja a Enagás y Naturgy. La asociación se muestra disconforme con la metodología propuesta para los peajes del gas, que se traducirá en un incremento para la industria. En este sentido, la Asociación subraya en los últimos diez años los peajes que paga la industria se han incrementado más de un 63%, dañando seriamente la competitividad de las industrias, soportando precios un 20 y un 25% superiores a los de sus competidores europeos directos.
El diario asturiano El Comercio señala que La industria exige que se declare ilegal el sobrecoste de los peajes del gas, informando que en la carta que las once asociaciones entregaron en mano al presidente de la CNMC, se plantean encargar un análisis jurídico para dilucidar el encaje en el marco jurídico de los peajes del gas y “su posible calificación como ayuda de Estado” para denunciarlos ante las instancias europeas. Los once sectores industriales reclaman los efectos negativos que tiene en su competitividad el mantenimiento de los peajes del gas establecidos por el Ministerio de Transición Ecológica. Según la propia CNMC se trata de “un concepto retributivo sin contraprestación explícita para los consumidores“ y que, además, supone, al menos, una sobrerretribución anual de 586,4 millones de euros, importe que se corresponde con la retribución por inversión de activos que se encuentran ya amortizados». Todo esto implica para los consumidores industriales un sobrecoste en la factura del gas que cifran en alrededor del 25% en relación a sus competidores directos europeos, tras un incremento de los peajes de más de un 63% en la última década.
El Periódico de la Energía destacaba que las once asociaciones industriales se muestran preocupadas por el aumento de los peajes del gas: «Los altos costes energéticos ahogan al sector»; El Periódico Mediterráneo afirma que el azulejo denuncia un alza de los peajes del gas para el 2020 con la nueva norma mientras que El Mundo Castellón titula La industria avisa: el cálculo de los nuevos peajes del gas es "erróneo".
Y concluimos con la tribuna 2019, el año del nuevo marco normativo del gas, publicada en el último número de Futur Energy firmada por la directora general, quien recuerda que los consumidores industriales de gas arrancábamos 2019 con la buena noticia de la publicación del Real Decreto 1/2019, que hacía realidad el traspaso de las competencias a la CNMC de la normativa del gas y de la electricidad. En los últimos meses, el Regulador ha ido dando a conocer borradores que tras los periodos de consulta y alegaciones fueron aprobándose o en algún caso volviendo al inicio del proceso. Estas circulares de carácter normativo incidirán directamente en el coste que paga por el gas el consumidor industrial, pudiendo lograr así un gas más competitivo para la industria alineado con lo que pagan nuestros directos competidores europeos. GasINDUSTRIAL valora el esfuerzo de la CNMC por construir una regulación del gas que ponga fin a las sobrerretribuciones origen de los altos peajes actuales. Sin embargo, señala la directora general, a lo largo del proceso el Regulador ha ido retrocediendo ante las presiones de las grandes compañías energéticas, pasando de las propuestas iniciales que suponían 6.500 millones de euros de rebaja en conjunto en las retribuciones hasta los 2.400 millones que ahora suman. Refiriéndonos al gas, de los 1.500 millones de euros iniciales planteados solo quedan 800 millones.
La Asociación se muestra preocupada por el impacto de la nueva metodología de peajes con las retribuciones actuales, al mantener las sobrerretribuciones por activos ya amortizados. Demanda un reparto justo de los costes para que cada consumidor pague lo que le corresponda por las infraestructuras que usa y que a los consumidores industriales no les empeoren sus costes respecto a la situación actual. GasINDUSTRIAL ha trasmitido su preocupación a la CNMC a la espera de que se subsanen los errores. De no ser así, finalizado el proceso, no descarta la posibilidad de encargar un análisis jurídico de las circulares de retribución del Transporte y Distribución que dilucide su encaje en el marco jurídico y en particular sobre su posible calificación como ayuda de Estado no compatible con la normativa comunitaria, y, en su caso, actuar ante las instancias europeas competentes.