A estas alturas todavía sigo viendo algunos artículos en los que se manifiesta que aún es posible, aunque eso sí… muy difícil, que en 2020 la industria alcance un peso del 20% en el PIB de España. Juzguen ustedes mismos: si consideramos que en 2017 la industria representaba el 16,6% del PIB, y que las previsiones de crecimiento del PIB que ha dado a final de septiembre el Banco de España para los años 2018, 2019 y 2020 son del 2,6%, 2,2% y 2,0%, respectivamente, se requiere que en estos tres años la industria crezca el 8,8%. Ustedes ya se pueden imaginar qué probabilidad hay de que esto suceda…, sencillamente, ninguna.
En 2014 la Unión Europea asumió el reto de reindustrializarse como núcleo del nuevo modelo de crecimiento de su economía, estrategia que plasmó en “Una política industrial integrada para la era de la globalización”, en la que se establecía como objetivo que la industria represente el 20% del PIB europeo en 2020.
Ese mismo año, España incorporó el mismo objetivo en su “Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España”, que constituye un plan de acción integrado por un conjunto de propuestas de actuación agrupadas en 10 bloques, que debían mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad industrial en España, y que debía permitir alcanzar esa participación del sector industrial del 20% en el PIB. Cumplidos casi cuatro años desde su aprobación por el Consejo de Ministros y se supone que, implementada ya en gran medida, los resultados, como se ha visto, no se van a conseguir.
Lejos estamos de ese 20% que nos habíamos marcado como objetivo, y que, por no perder la perspectiva, conviene saber que coincide con el peso que ya tenía nuestra industria en el año 1997. Si bien es cierto que en estos cuatro últimos años la industria ha crecido más que economía en España (15,6% vs. 11,7%), lo que evidencia el efecto motor que ha tenido en la recuperación, su peso en el PIB apenas ha mejorado en un punto porcentual.
Uno de los bloques de la mencionada Agenda estaba dedicado a la mejora de costes asociados a la energía. En él se reconocía que las industrias españolas tenían un coste eléctrico un 10% superior a la media de la UE, siendo esta diferencia mucho mayor si la comparación se hacía con Francia y Alemania. Pero este documento no hacía mención al mayor coste del gas que sin duda sufrimos también.
Es evidente que el objetivo de la Agenda no se va a conseguir, más aún cuando todo apunta a que las condiciones hasta el 2020 van a ser menos favorables que las tenidas hasta ahora. Los precios energéticos desde luego no están ayudando. El de la energía eléctrica no se puede decir que se haya reducido. Aunque los peajes se han mantenido desde 2014, el mercado spot es de los más elevados de entre los países de nuestro entorno, presentando estos últimos años precios históricamente muy altos: 2018 terminará con el segundo precio más caro de los 20 años de historia de nuestro mercado eléctrico, y 2015 y 2017 también han estado en la parte alta del ranking. Y aunque los pagos por capacidad se han reducido, la incorporación en la factura eléctrica de la financiación de la interrumpibilidad y la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia (FNE) han tenido un efecto más desfavorable. Si bien a medio y largo plazo las perspectivas deberían ser mejores, gracias al abaratamiento que puede traer la entrada masiva de renovables en el sistema español, a corto plazo estamos sufriendo tensiones en el precio muy importantes.
En cuanto al gas natural, que es la fuente de energía térmica utilizada con notable predominio en la industria española, tampoco podemos estar muy satisfechos. Frente al coste del combustible, que es cierto que se ha visto favorecido por un escenario global de precios de energía bajos en estos tres últimos años, los industriales soportamos unos peajes que se incrementaron más de un 50% en el periodo 2008-2014 para compensar la abrupta caída del consumo de los ciclos combinados en este periodo. También hemos soportado la introducción del impuesto especial sobre hidrocarburos al gas natural en 2013 y la aportación al FNE en 2014, que en conjunto pueden suponer cerca del 10% del precio del gas para una industria que tenga cogeneración, como es nuestro caso. Ahora que estamos en un contexto de subida de precios de Brent y gas natural, se hace aún más necesario un ajuste en los peajes.
No pretendo aquí proponer ideas propias sobre nuevas medidas, que para eso doctores tiene la iglesia, sino únicamente apuntar varias realizadas por expertos que pueden ser útiles para mejorar los costes asociados a la energía. En este sentido me parece interesante señalar alguna contenida en el informe de la Comisión de Expertos de Transición Energética, publicado a principios de abril. En su capítulo 2, dedicado a mejorar las señales de precio en los productos energéticos, una de las dos vías que propone es el diseño eficiente de los peajes, en los que “los costes relacionados con los suministros pasados”, entiéndase déficit de tarifa (en el sector eléctrico ronda ahora los 21.000 M€, y en el del gas, por encima de los 1.000 M€) deberían financiarse desde los Presupuestos del Estado.
En este informe también se reconoce que “la única alternativa viable a día de hoy para el respaldo estacional de estas energías (refiriéndose a las renovables) es utilizar la potencia térmica instalada para cubrir la demanda punta durante periodos de estrés. De ahí la importancia, entre otros elementos, de las infraestructuras gasistas existentes como red de seguridad última del sistema (eléctrico) en dichos períodos”. Y concluye que las infraestructuras gasistas contribuyen también así a la mejora de la competitividad del sistema eléctrico, esas infraestructuras que está soportando fundamentalmente la industria.
La anterior idea la podemos ligar con una medida que se apunta en el documento “Retos y oportunidades del sector gasista en el contexto de la transición energética”, publicado por PWC a mediados de abril. Aquí se propone el establecimiento de un sistema más razonable de contribución por parte de los ciclos combinados, que en la actualidad y con objeto de mantener su viabilidad, se aprovechan de los peajes de corto plazo. Una solución para resolver esto sin poner en peligro la viabilidad de estas centrales, sería establecer un sistema de pagos por capacidad que traslade al sistema eléctrico los costes reales en los que incurren los ciclos combinados por ofrecer la potencia de respaldo.
En este documento de PWC se indica también que la reforma regulatoria del sector gasista realizada en 2014, ha permitido que este 2018 el sistema entre en superávit y que en 2023 se complete el pago del déficit histórico, ocho años antes de lo previsto. El superávit que se tendrá a partir de 2023, de unos 300 M€ y con evolución creciente, permitiría bajar un 10% los peajes ese año. Y yo me pregunto si no sería más conveniente bajar ya los peajes, a cambio de alargar un poco el periodo de amortización del déficit histórico.
Se debe hacer balance y ver qué ha fallado en el plan para el fortalecimiento del sector industrial, como para haber quedado tan lejos del objetivo. No cabe duda de que no se ha conseguido la pretendida mejora de costes asociados a la energía, que es determinante en la competitividad de las empresas en los mercados internacionales, y que resulta necesario seguir avanzando en este camino. Ideas avaladas por expertos existen…, ahora hay que trabajar en ellas.
Felipe Camacho, director general Grupo Euroatomizado