Verónica Rivière, directora general GasINDUSTRIAL
Avanzado diciembre, es buen momento para hacer balance de un año que para los consumidores industriales de gas comenzó y continuó marcado por el traspaso de las competencias a la CNMC —RD 1/2019— tras varias llamadas de atención desde Europa. El organismo independiente fijaría las retribuciones y los peajes.
Desde GasINDUSTRIAL y junto a otras diez asociaciones sectoriales, hemos trabajado a lo largo de todo el proceso trasladando informes a la CNMC que demuestran el diferencial que pagamos de más por peajes en España frente a lo que pagan nuestros competidores europeos directos. Hemos presentado alegaciones reclamando solución a este problema que tanto daño hace a la competitividad de nuestras empresas. El industrial sabe mejor que nadie cuánto paga en España por su gas y cuánto pagan otras filiales de sus mismos grupos en otros países europeos. No hay mejor benchmark, las estadísticas para este caso ni son necesarias.
Si bien reconocemos el esfuerzo de la CNMC por construir una nueva regulación del gas que ponga fin a las sobrerretribuciones —origen de los altos peajes— hemos visto como el Regulador ha ido dando marcha atrás ante las presiones de las empresas energéticas del país, pasando de los 6.500 millones iniciales que planteaban las circulares en conjunto a 2.400 millones. En el gas, los 1.500 millones de euros iniciales se quedarán en 800 millones.
Hemos confiado en que la CNMC lograría una regulación justa para el consumidor industrial pero ahora, llegados a la circular de peajes, tenemos dudas: la metodología propuesta contiene deficiencias metodológicas que, de mantenerse, harán que suban los peajes industriales.
El pleno del consejo de la CNMC debatirá esta semana la propuesta de Circular sobre Peajes del Gas. Los consumidores industriales vemos con preocupación la posibilidad de que su resultado en lugar de solucionar la situación de desventaja competitiva, la agrave.
Retribuciones y peajes, qué se paga y cómo se paga
Es muy preocupante que la CNMC mantenga, en el caso del Transporte, la “Retribución por Continuidad de Suministro” y, en el de la Distribución, una sobrerretribución por activos ya amortizados con mecanismos que resultan técnica y jurídicamente cuestionables. La propia CNMC en las memorias de las propuestas expone: “El RCS es un concepto retributivo sin contraprestación explícita para los consumidores, con una función de ajuste entre la retribución percibida por las empresas transportistas antes y después de la revisión introducida por la Ley 18/2014, pudiendo ser una de las causas que dan lugar a valores elevados del ROE de las empresas del sector”. Y añade: “Las empresas distribuidoras están percibiendo de manera global una sobrerretribución anual de 586,4 Millones de €, importe que se corresponde con la retribución por inversión de activos que se encuentran amortizados, y ello con independencia de la retribución que corresponde a los activos puestos en servicio con posterioridad a febrero del año 2002, activos cuya decisión de inversión siempre fue responsabilidad del distribuidor.”
En el resumen de las alegaciones, cita: “El Ministerio señala asimismo que la memoria de la Circular “identifica una sobrerretribución causada por la aplicación reiterada sobre la retribución inicial desde el año 2002 al 2013 de la fórmula de actualización automática incluida en la Orden ECO/301/2002”. Además, considera que “la sobrerretribución de las actividades reguladas supone trasladar ineficiencias a los precios de venta del gas natural que pagan los consumidores, distorsiona la competencia de esta fuente de energía frente a otros combustibles más contaminantes, dificulta el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones y limita la competitividad de las empresas españolas”.
No descartamos, finalizado todo el proceso, la posibilidad de encargar un análisis jurídico de las circulares de retribución del Transporte y Distribución que dilucide su encaje en el marco jurídico y en particular sobre su posible calificación como ayuda de Estado no compatible con la normativa comunitaria, y, en su caso, actuar ante las instancias europeas competentes.
No dudamos del rigor de la CNMC, lo primero para nosotros es la competitividad de la industria española y en base a ello decidiremos medidas. No permitiremos que el nuevo marco regulatorio perpetúe una desventaja competitiva tan flagrante para la industria española.